Lawfare en América Latina: la nueva guerra política sin balas
En América Latina, los golpes de Estado ya no siempre se anuncian con tanques en las calles ni generales encadenando discursos. Hoy, la artillería se disfraza de expedientes, las trincheras son los tribunales y las armas, las sentencias. El lawfare —la guerra jurídica— se ha convertido en una táctica sofisticada para reconfigurar el poder político, desmontar proyectos nacionales y alinear a los gobiernos con intereses externos.
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La lógica es simple y devastadora: no se derrota al adversario en las urnas, sino en los estrados. No importa si las pruebas son sólidas o si el proceso se sostiene en una arquitectura jurídica legítima; lo esencial es abrir causas, filtrar conversaciones, sembrar sospechas y convertir la acusación en un hecho consumado en la opinión pública. La condena llega mucho antes que la sentencia, y para cuando el fallo es revisado o anulado, el daño político ya es irreversible.
Brasil fue laboratorio y ejemplo. Lula da Silva, uno de los líderes más populares de la región, fue encarcelado en plena campaña presidencial, sacado de la contienda y reemplazado en la narrativa pública por un símbolo de corrupción. La operación Lava Jato, conducida por el juez Sérgio Moro y celebrada internacionalmente como cruzada anticorrupción, terminó revelando su coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En Argentina, el hostigamiento judicial a Cristina Fernández de Kirchner ha sido sistemático y prolongado. Causas reabiertas, jueces y fiscales con protagonismo mediático y acusaciones que ocupan portadas antes que despachos judiciales. Un elemento clave fue la diplomacia judicial: el programa “Justicia en Cambio”, promovido por Washington, permitió que magistrados argentinos recibieran formación en Estados Unidos. Las declaraciones del embajador Edward Prado sobre la “necesidad de mejorar” la justicia argentina encajaron como pieza visible de una estrategia más amplia.
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Algo sobre el Programa “Justicia en Cambio”
El programa surgió a principios de los 2000 con una coordinación a cargo de figuras como Elena Highton de Nolasco, Germán Garavano y Luis María Palma y contó con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
En este programa se incluyó a jueces, fiscales y defensores, abogados y periodistas. Viajaron a Estados Unidos para ser capacitados ciento un profesionales argentinos. No hay registros públicos de quiénes fueron esos ciento un profesionales que viajaron a Estados Unidos para capacitarse, ni siquiera de los periodistas. Hasta el momento nuestra búsqueda ha sido infructuosa. Lo que sí hemos logrado determinar es que se trató de múltiples viajes de grupos reducidos.
Se puede agregar que en varios países de América Latina existen programas o iniciativas similares al programa argentino Justicia en Cambio, orientados a la formación, intercambio y modernización del sistema judicial mediante colaboraciones internacionales.
Alguno ejemplos claros de Lawfare
Paraguay vivió en 2012 un capítulo singular: el derrocamiento de Fernando Lugo mediante un juicio político que duró apenas 24 horas. El cargo: “mal desempeño” por su manejo de un conflicto rural en Curuguaty. El proceso fue tan veloz que no dejó margen para la defensa, pero suficiente para desalojar a un presidente que había impulsado reformas agrarias y acercamientos a UNASUR y MERCOSUR. Un golpe con ropaje legal.
En Honduras, el caso de Manuel Zelaya en 2009 combinó la vieja y la nueva fórmula: intervención militar, pero revestida de un barniz judicial. La Corte Suprema y el Congreso justificaron su expulsión acusándolo de violar la Constitución por impulsar una consulta no vinculante sobre reformas. Los medios construyeron la imagen de que se trataba de un acto para “proteger la democracia”, mientras el país regresaba a un alineamiento total con Washington y abría puertas a inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
En Ecuador, el caso Sobornos (2012–2016) es paradigmático. Rafael Correa fue condenado en apenas 18 meses, incluso en plena pandemia, sin pruebas concretas, basándose solo en el concepto de "influjo psíquico" —es decir, por ser presidente en esos años— lo que se considera una de las aberraciones jurídicas más claras del lawfare en la región . Interpol rechazó las alertas rojas en su contra porque consideró que los procesos tenían motivaciones políticas . Además, se documentó un control político sobre el Poder Judicial: destitución de jueces y nombramiento de jueces temporales para retener causas que afectaban al correísmo .
En Bolivia, Evo Morales enfrenta múltiples causas judiciales —incluyendo acusaciones graves que él denomina “lawfare” para impedir su candidatura presidencial—. Se le emitió una orden de arresto vinculada a una menor, congelamiento de bienes y prohibición de viajar , y su inhabilitación fue ratificada por el Tribunal Constitucional, bloqueando su participación en las elecciones de agosto de 2025 . Además, Argentina reabrió una causa en su contra por abuso de menores y trata, basada en denuncias de que habría recibido niñas bolivianas como "obsequios" —lo que el expresidente niega fervientemente— .
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Estos episodios revelan que el lawfare en América no es una suma de casos aislados, sino una estrategia transnacional. El patrón se repite con precisión: primero, el líder adopta políticas que afectan intereses externos (control de recursos, vínculos con China o Rusia, integración regional, reformas sociales profundas); luego, los grandes medios lanzan una ofensiva para instalar la sospecha; después, jueces y fiscales actúan con rapidez y selectividad; organismos internacionales y ONGs “independientes” aportan legitimidad; y finalmente, el dirigente es apartado del poder o neutralizado políticamente.
La dimensión geopolítica es imposible de ignorar. En un continente con litio, gas, petróleo, agua y biodiversidad en cantidades estratégicas, las grandes potencias buscan gobiernos predecibles y alineados. El lawfare ofrece una herramienta perfecta para sustituir a quienes se desvían de esa línea, evitando el costo político y diplomático de un golpe militar. En este contexto, la “cooperación judicial” funciona como lubricante: programas, convenios y capacitaciones que fortalecen vínculos y afinidades entre sistemas judiciales y agendas extranjeras.
Pero esta táctica tiene un costo oculto y profundo: erosiona la democracia desde adentro. Vacía de legitimidad a las instituciones, politiza la justicia y deja a los ciudadanos con la certeza de que su voto puede ser anulado no en el conteo, sino en un juzgado. El mensaje es demoledor: las urnas eligen, pero los tribunales deciden quién gobierna.
Hoy, en América Latina, la guerra ya no siempre se libra con fusiles. Se libra con carpetas judiciales, operaciones mediáticas y firmas estampadas en sentencias. Los vencedores no llevan uniforme, pero sí corbata. Y los derrotados no siempre son culpables: a veces, su único delito fue gobernar contra los intereses de quienes escriben las reglas del nuevo orden.
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