FMI y Argentina: los 45.000 millones que desaparecieron en el rescate a los bancos
En abril de 2018, el gobierno de Mauricio Macri, con impulso conservador y decidido a consolidar una narrativa de apertura de mercados, volvió a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Dos meses después, en junio, se firmó un acuerdo stand-by por aproximadamente 50.000 millones de dólares, extendido luego a unos 57.100 millones. De ese monto, Argentina solo recibió alrededor de 44.500 millones .
Macri justificó el préstamo como un salvavidas para la economía. Sin dudas, lo fue: pero para los especuladores financieros. Quemados por la devaluación del peso y sedientos por regresar los dólares al exterior, los tenedores de Lebacs y fondos de inversión vieron el puente para fugar capitales. El dinero del FMI no fue a escuelas, hospitales, infraestructura ni desarrollo productivo: fue a alimentar esa timba financiera .
.jpg)
Mauricio Macri no lo dejó en el terreno de las especulaciones: admitió sin eufemismos y con fuerte carga política qué destino tuvo aquel préstamo. En una entrevista en noviembre de 2021 con CNN en Español, fue contundente: “La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo” .
Quien denunció sin filtros esta realidad fue Sergio Massa quien fue ministro de economía del gobierno de Alberto Fernández. Afirmó enfático: “ese dinero no fue a financiar ni una sola escuela ni una ruta (…) se usó para financiar la fuga de capitales” . La Auditoría General de la Nación respaldó esa afirmación, señalando que se trató de un uso político, sin respaldo legal, y que compromete el futuro de varias generaciones argentinas .
Para el Fondo, la “confianza del mercado” fue el gran objetivo cumplido. Pero ¿a costa de qué? La deuda externa argentina se disparó, de estar en montos ya elevados, hasta constituyó casi la mitad del crecimiento nominal de la deuda durante ese período . La fuga de capitales durante 2016-2018 llegó a más de 88.000 millones de dólares, una cifra que ilustra cómo aquel crédito no fue más que el combustible perfecto para el desvío masivo de recursos.
Todo esto ocurre en un contexto donde el FMI, tan expedito para prestar millones a cambio de ajuste, resulta infinitamente más lento y laxo cuando la denuncia es que esos mismos fondos sirvieron para desangrar al país. Además, no es menor que algunos de los imputados fueron designados por Macri, incluido, claro está, el caso particular de la jueza. La causa hoy está paralizada –una verdadera ironía para un país que clama control y rendición de cuentas.
.
El propio FMI admitió posteriormente que el programa Stand-By “no cumplió con sus objetivos”, y que gran parte del dinero fue a financiar la fuga de capitales, al no instaurarse los controles necesarios ni reestructurar la deuda—una autocrítica que incluyó reconocer que el diagnóstico oficial era erróneo y que “debimos avisar con mayor ahínco sobre los riesgos”
El escándalo no quedó en la denuncia política. En marzo de 2021 se inició la causa judicial conocida como “FMIgate” bajo la carátula “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. La jueza María Eugenia Capuchetti investiga la firma irregular del acuerdo, potencial violación de leyes presupuestarias y administrativas, y la evidente omisión del Congreso, del Jefe de Gabinete y del Banco Central .
Hoy la causa judicial que investiga aquel desastre —la “FMIgate”— sigue paralizada. Está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, designada por Macri, quien frenó el avance cuando el fiscal Picardi comenzaba a tomar velocidad en las imputaciones contra Macri, Nicolás Dujovne, Sandleris y Federico Sturzenegger. A pesar del paso del tiempo, ningún indagado fue llamado y la causa permanece cajoneada.
Analistas y opositores apuntan además que Capuchetti ve en ese freno una oportunidad para ascender políticamente: se habla de su aspiración a ocupar el cargo de Procuradora del Tesoro de la Nación, un salto político encubierto tras su manoseo con la causa .
A la par, su accionar en otra causa clave —la del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner— demuestra una trayectoria plagada de irregularidades y lentitudes escandalosas. Desde violaciones a la cadena de custodia del celular de Sabag Montiel hasta maniobras de forum shopping que desvían investigaciones hacia la Policía Federal Argentina, diluyendo hipótesis centrales como la pista del diputado Gerardo Milman. Diputados del Frente de Todos presentaron pedidos de juicio político y denunciaron su “mal desempeño”, y la propia vicepresidenta Cristina la acusó de “ni saber ni querer investigar”. Pero la causa sigue en un cajón del juzgado de la jueza Capuchetti.
Al frente de causas que involucran a exfuncionarios del macrismo, Capuchetti ha demostrado un estilo judicial que no solo retrasa la rendición de cuentas, sino que favorece la impunidad. Su posible aspiración a un cargo político durante este escenario de paralización judicial no es casualidad: encierra una estrategia de blindaje institucional para quienes la nombraron.
La actual narrativa política ha tenido un cambio notable: aquel préstamo cuestionado, hoy es apenas un antecedente frente al nuevo crédito que el FMI acordó otorgar al gobierno de derecha de Javier Milei, y que —pese al precedente fallido— no fue obstáculo para que el organismo volviera a prestarle. En abril de 2025 se anunció un acuerdo preliminar de 20.000 millones de dólares, acompañado de elogios a la política de ajuste, liberalización y austeridad de Milei .
No es menor que la mitad de los miembros del directorio del FMI expresara preocupación por este nuevo préstamo, pero aun así el financiamiento fue aprobado, en parte por la presión política y económicas hacia el presidente ultraliberal argentino .
Para clausurar la década de dependencia del Fondo, basta decir que hace apenas semanas el FMI acordó otro desembolso adicional de 2.000 millones como parte del programa de 2025, que sigue respaldando las políticas económicas de un gobierno que lo había atacado sin medias tintas .
El escenario es dolorosamente claro: un préstamo desastroso para el país, que financió la fuga de capitales y que sigue impune. El FMI vuelve con créditos sin reflexionar, mientras en Comodoro Py la causa duerme, amparada por una jueza con ambiciones, silencio y connivencias. El costo de esa inacción es para todos los argentinos.
Comentarios
Publicar un comentario