A propósito de las protestas en Nepal

Redes sociales, soberanía digital y la batalla de los Estados contra las Big Tech

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El nuevo campo de disputa política

En el siglo XXI la geopolítica ya no se juega solo en los territorios o en las finanzas, sino también en el terreno digital. Las redes sociales, dominadas por las Big Tech, tienen la capacidad de influir en elecciones, desatar protestas masivas y desafiar a gobiernos electos. Frente a este escenario, los Estados deben decidir: ¿seguir cediendo soberanía o regular el espacio digital para proteger la democracia? Regular no significa prohibir ni censurar, sino garantizar que la libertad de expresión no sea una excusa para la manipulación ni la injerencia externa.

Brasil: cuando Lula tuerce el brazo a Elon Musk

Elon Musk. commons.wikimedia

El caso de Brasil mostró hasta dónde puede llegar el enfrentamiento entre un Estado y una Big Tech. Tras los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando grupos radicalizados intentaron un golpe de Estado en Brasilia, el Supremo Tribunal Federal ordenó suspender cuentas que difundían desinformación. Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), se negó a cumplir. La tensión escaló y se transformó en un pulso entre Musk y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Finalmente, la justicia brasileña logró imponer sanciones económicas y la amenaza de bloquear la plataforma en todo el país. Bajo esa presión, Musk cedió: aceptó las normas locales, se comprometió a cumplir fallos judiciales y designó representantes legales en Brasil. El episodio fue interpretado como una victoria de la soberanía digital sobre los intereses de una corporación transnacional que pretendía operar sin someterse a la ley nacional.

Argentina: el fin de Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg. commons.wikimedia

En 2015 la campaña presidencial de Mauricio Macri utilizó herramientas de big data y microsegmentación política que marcaron un antes y un después en América Latina. El modelo, asociado a la consultora británica Cambridge Analytica, consistía en recolectar datos de millones de usuarios de Facebook para diseñar mensajes personalizados dirigidos a votantes indecisos. La operación despertó un debate mundial sobre el uso de la información personal como arma política.

Con el escándalo global que estalló en 2018, Cambridge Analytica fue investigada en Estados Unidos y Reino Unido. La empresa terminó cerrando sus operaciones y declarando bancarrota. Sin embargo, el método que desarrolló no desapareció: hoy las campañas digitales siguen usando técnicas de segmentación cada vez más sofisticadas. El caso dejó una lección: sin regulación, las elecciones pueden ser manipuladas a gran escala sin que los ciudadanos sean conscientes de ello.

Nepal: protesta juvenil y posibles injerencias externas

En estos días (septiembre de 2025), Nepal vivió una revuelta sin precedentes. El gobierno decidió bloquear temporalmente las redes sociales porque no cumplían con nuevas regulaciones nacionales. La medida encendió la mecha de un descontento social ya acumulado contra la corrupción y el nepotismo. Las protestas, lideradas por la generación Z, dejaron al menos 19 muertos, decenas de heridos, edificios incendiados y la renuncia del primer ministro.

Aunque las manifestaciones surgieron como expresión genuina de malestar juvenil, varios analistas advirtieron que la velocidad de la convocatoria y los llamados a “tomar las calles” pudieron haber sido amplificados desde el exterior a través de campañas digitales coordinadas. La injerencia extranjera en protestas a través de redes sociales no es nueva: se han documentado casos similares en Hong Kong, Bielorrusia y América Latina. Esto refuerza la idea de que sin regulación, las plataformas pueden transformarse en catalizadores de caos político, intencional o inducido.

La regulación como defensa de la democracia

Regular las redes sociales no equivale a censura. Significa que las Big Tech deben cumplir con las leyes nacionales como cualquier otra empresa. Al menos tres medidas son imprescindibles para recuperar soberanía digital:

1. Las plataformas deben designar un representante legal en cada país y una persona jurídica responsable de responder ante la justicia local.

2. Las Big Tech tienen que pagar impuestos en los países donde generan ganancias, en lugar de esconderlas en paraísos fiscales.

3. Deben existir mecanismos de transparencia algorítmica para evitar manipulaciones masivas en procesos electorales o sociales.

Conclusión: soberanía digital y justicia fiscal

El siglo XXI plantea un desafío ineludible: o los Estados regulan a las Big Tech o las Big Tech gobernarán a los Estados. Brasil, Argentina y Nepal son tres ejemplos que muestran la urgencia de actuar. No se trata de restringir la libertad de expresión, sino de asegurar que esa libertad no sea monopolizada por corporaciones privadas con intereses globales.

La soberanía digital pasa por garantizar que los pueblos puedan expresarse, informarse y decidir sin que sus datos sean usados para manipularlos ni sus democracias sometidas a algoritmos diseñados para maximizar el lucro. Y la justicia fiscal exige que estas empresas contribuyan con impuestos allí donde operan, porque el espacio digital también forma parte de los territorios nacionales.