Ecuador en pie: el paro que desafía al gobierno de Daniel Noboa

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La chispa que encendió el país

El 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 126, eliminando el subsidio al diésel. Esa decisión, presentada como un acto de “racionalización del gasto público”, fue interpretada por amplios sectores sociales como el inicio de un nuevo ciclo de ajustes económicos en detrimento de los más pobres. El precio del galón de diésel pasó de 1,80 a casi 2,80 dólares, un incremento superior al 50 %. 

El golpe al bolsillo fue inmediato. El transporte público, la producción agrícola, el sector pesquero y el comercio interior quedaron expuestos a una cadena de aumentos que afectó de forma directa a las comunidades rurales, las más dependientes del combustible subsidiado.

El gobierno defendió la medida argumentando que debía frenar el contrabando de combustibles hacia Colombia y Perú, reducir el déficit fiscal y fortalecer la credibilidad ante los organismos internacionales. Pero la respuesta popular no se hizo esperar. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó un paro nacional “inmediato e indefinido” para el 18 de septiembre. En cuestión de días, el país se convirtió en un escenario de protesta masiva, con bloqueos de carreteras, marchas y movilizaciones en prácticamente todas las provincias andinas.

La reacción del pueblo y el comienzo del paro

El paro comenzó de manera escalonada, pero en menos de una semana ya se habían registrado cortes en las rutas Panamericana Norte y Sur, especialmente en Imbabura, Pichincha, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua y Loja. Las comunidades indígenas, los sindicatos de trabajadores, los gremios del transporte y los movimientos estudiantiles formaron un frente social amplio y heterogéneo.

Lo que empezó como una protesta contra el alza del diésel pronto se transformó en un reclamo integral contra la política económica de Noboa. Los estudiantes denunciaban recortes en la educación pública y falta de presupuesto para universidades. Los sindicatos exigían mejoras salariales y el fin de la precarización laboral. Los pueblos originarios planteaban la necesidad de proteger sus territorios frente al avance minero y petrolero.

El paro adquirió un carácter político, más allá de la reivindicación económica. En el lenguaje de las calles comenzó a escucharse la consigna “no es por el diésel, es por la dignidad”.

Las cifras del conflicto: muertos, heridos y desaparecidos

De acuerdo con el informe publicado por Data Urgente, en los primeros 25 días de paro nacional se registraron tres fallecidos, 15 desaparecidos, 282 heridos y 172 personas detenidas. Las denuncias incluyen uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos y represión en zonas rurales.

En Cotacachi, un manifestante indígena de 46 años murió tras recibir un impacto de bala. En varias localidades de Imbabura y Pichincha se reportaron bloqueos de internet y ataques contra defensores de derechos humanos. Según la misma fuente, al menos diez activistas sufrieron el congelamiento de sus cuentas bancarias, lo que evidencia la existencia de una estrategia estatal para neutralizar la protesta a través de medios financieros y tecnológicos.

Estas cifras muestran la magnitud del conflicto. No se trata de un episodio aislado, sino de una movilización prolongada que ha puesto en jaque al propio Estado ecuatoriano.

El estado de excepción y la militarización del país

El 11 de octubre, tras casi un mes de protestas, el presidente Noboa decretó el estado de excepción en diez provincias, alegando “grave conmoción interna”. La medida permitió el despliegue de miles de efectivos militares en las carreteras y centros urbanos, la suspensión del derecho de reunión y la autorización para realizar detenciones sin orden judicial.

La respuesta fue inmediata. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron una “militarización generalizada del territorio” y advirtieron sobre la posibilidad de desapariciones forzadas. Varios líderes de la CONAIE, entre ellos Leónidas Iza, fueron objeto de vigilancia y hostigamiento.

El gobierno justificó sus acciones en nombre de la seguridad nacional. Noboa declaró que “Ecuador no puede ser rehén de minorías radicales” y aseguró que no revertiría la eliminación del subsidio “aunque me cueste la presidencia”. Su frase, “antes que retroceder, prefiero morir”, se convirtió en un símbolo del endurecimiento del poder ejecutivo frente a la presión popular.

El epicentro: Imbabura y el corazón del movimiento indígena

La provincia de Imbabura se transformó en el núcleo de la resistencia. Allí, comunidades kichwas y otavalos organizaron mingas permanentes de bloqueo en rutas estratégicas, manteniendo viva la protesta día y noche. Las carreteras que comunican con Colombia fueron cortadas, lo que paralizó el comercio internacional y generó pérdidas millonarias.

La CONAIE, junto con la Ecuarunari y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, coordinó acciones simultáneas en varias provincias, replicando un modelo de organización que ya había demostrado su eficacia en los levantamientos de 2019 y 2022. A diferencia de aquellas protestas, esta vez las comunidades actuaron con mayor autonomía respecto a la dirigencia central, lo que hizo más difícil para el gobierno controlar o negociar un cese unificado.

Imbabura simbolizó la convergencia entre la resistencia rural y las nuevas generaciones urbanas, que ven en el movimiento indígena una voz auténtica frente al poder económico y político centralizado en Quito.

Impacto económico y fractura institucional

En apenas tres semanas, el paro generó pérdidas estimadas en más de 200 millones de dólares. Las exportaciones agrícolas y florícolas fueron las más afectadas, seguidas del transporte de carga pesada y la distribución de alimentos. En las ciudades, comenzaron a escasear productos básicos y los precios se dispararon.

El sector empresarial presionó al gobierno para restablecer el orden, advirtiendo sobre una caída inminente del PBI y del empleo. Sin embargo, el costo político de la represión comenzó a preocupar a la comunidad internacional. La Unión Europea y la ONU llamaron al diálogo, mientras que varios países sudamericanos observaron con cautela la deriva autoritaria del Ejecutivo.

El conflicto también repercutió en los mercados financieros. El riesgo país ecuatoriano superó los 800 puntos y las proyecciones de inversión extranjera directa se desplomaron. Noboa, que había prometido estabilidad y modernización económica, enfrenta ahora la crisis más seria de su mandato.

La mesa de diálogo y el rechazo de las bases

El 15 de octubre, el gobierno y la CONAIE anunciaron la instalación de una mesa de diálogo. Sin embargo, el intento de negociación duró poco. Mientras algunos dirigentes se mostraron dispuestos a discutir una reducción parcial del precio del diésel, las bases indígenas rechazaron el acuerdo y declararon que el paro continuaba.

La desconfianza acumulada durante años pesa más que las promesas coyunturales. Para los manifestantes, las mesas de diálogo anteriores solo sirvieron para dilatar los conflictos sin resolver los problemas estructurales. En las comunidades, se percibe la convicción de que este paro no es uno más, sino una oportunidad histórica para redefinir la relación entre el Estado y los pueblos originarios.

El trasfondo geopolítico y el peso del ajuste

El ajuste económico de Noboa no puede entenderse sin observar el contexto regional. Ecuador, al igual que otros países de la región, enfrenta presiones de organismos financieros internacionales para reducir subsidios, recortar el gasto público y mejorar su calificación crediticia. En esa lógica, la eliminación del subsidio al diésel forma parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a garantizar la “sostenibilidad fiscal” y abrir espacio a inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

El problema es que ese modelo choca de frente con la realidad social del país. Ecuador tiene una economía dependiente del petróleo y de la exportación de materias primas, con vastas regiones rurales donde la pobreza supera el 40 %. Las comunidades indígenas, lejos de ser un sector marginal, constituyen un actor político central que ha tumbado gobiernos y modificado el rumbo institucional en otras ocasiones.

En términos geopolíticos, lo que ocurre en Ecuador se inscribe en una disputa más amplia: la pugna entre los intereses financieros internacionales que buscan disciplina fiscal y los movimientos populares que exigen soberanía económica y justicia social.

La respuesta de la sociedad y el papel de los medios

La cobertura mediática del paro ha sido objeto de controversia. Mientras los grandes medios nacionales acusan a la CONAIE de promover el caos, portales alternativos y organizaciones internacionales denuncian censura, manipulación informativa y bloqueos de señal. En varias localidades del norte, se reportaron cortes de internet coincidiendo con operativos militares.

La narrativa oficial presenta al paro como un intento de “desestabilización promovido por grupos extremistas”, pero en los hechos la protesta ha sido sostenida por comunidades rurales organizadas, muchas de ellas alejadas de cualquier estructura partidaria.

El contraste entre la visión mediática y la experiencia cotidiana de los manifestantes profundiza la polarización. Para amplios sectores urbanos, el paro representa una molestia y una amenaza económica; para las comunidades, es una cuestión de supervivencia y dignidad.

Las consecuencias políticas

La crisis ha debilitado la imagen de Daniel Noboa, que llegó al poder con la promesa de modernizar el país y alejarse del estilo confrontativo de gobiernos anteriores. Hoy, enfrenta acusaciones de autoritarismo y violaciones de derechos humanos. Su relación con las Fuerzas Armadas se ha vuelto clave: el sostenimiento del orden interno depende casi por completo del respaldo militar.

Al mismo tiempo, la CONAIE emerge nuevamente como un actor decisivo en la política nacional. Su capacidad para articular demandas sociales, sostener bloqueos y resistir la represión la coloca en el centro del tablero político. No obstante, la falta de una estrategia unificada y las diferencias internas podrían limitar su poder de negociación si el conflicto se prolonga.

En el Congreso, la oposición ha comenzado a discutir la posibilidad de convocar una comisión especial para investigar los abusos cometidos durante el estado de excepción. Aunque no existe consenso sobre un eventual juicio político, el desgaste del gobierno es evidente.

Ecuador y el espejo latinoamericano

La rebelión ecuatoriana resuena más allá de sus fronteras. En un continente marcado por el desencanto con los modelos neoliberales, el paro nacional de 2025 se suma a un ciclo de resistencias populares que incluye Chile, Colombia, Perú y Argentina. El denominador común es la tensión entre las exigencias del mercado y las necesidades de las mayorías.

Ecuador, pequeño en territorio pero enorme en simbolismo, se convierte así en un espejo de los dilemas latinoamericanos: cómo equilibrar el crecimiento económico con la justicia social, cómo garantizar estabilidad sin sacrificar soberanía, y cómo construir Estados que respondan al pueblo y no solo a los acreedores internacionales.

Hacia un desenlace incierto

A mediados de octubre, el paro supera ya el mes de duración. Las rutas continúan bloqueadas en varias provincias, los precios siguen en alza y el diálogo permanece estancado. La tensión política se mantiene alta y nadie parece tener el control total de la situación.

Los analistas coinciden en que el desenlace dependerá de tres factores: la resistencia de las comunidades, la presión internacional por una salida pacífica y la capacidad del gobierno para ofrecer concesiones sin perder legitimidad. Si el Ejecutivo insiste en sostener el ajuste sin cambios, el conflicto podría prolongarse y derivar en una crisis institucional más profunda.

Ecuador enfrenta una encrucijada histórica. El paro nacional de 2025 no es solo una protesta contra el precio del diésel: es una rebelión contra un modelo económico que ha dejado atrás a millones. En las calles, en las montañas y en las plazas, el pueblo ecuatoriano ha hecho oír su voz. Lo que está en juego no es solo el subsidio, sino el futuro mismo del país.

Fuentes 

Data Urgente (2025) “Qué sucedió en los primeros 25 días de paro en Ecuador”

El País (2025) “El gobierno de Noboa despliega 5.000 militares más para reprimir las protestas”

AP News (2025) “Violent clash over fuel prices in Ecuador leaves 1 protester dead”

The Guardian (2025) “Indigenous and environmental leaders in Ecuador say they are facing state intimidation”

Primicias (2025) “Ecuador: paro nacional y riesgo país”

Lupa (2025) “Balance del paro nacional”

Infobae (2025) “Antes que retroceder, prefiero morir: Noboa desafía el paro nacional”