Cómo frenar la presencia militar extranjera en Argentina dentro del marco legal

 

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El reciente Operativo Tridente, autorizado por decreto y llevado adelante entre la Armada Argentina y fuerzas especiales de Estados Unidos, dejó al descubierto un problema que va más allá de un ejercicio militar puntual. El verdadero riesgo es que este tipo de intervenciones se repitan, se vuelvan habituales y terminen consolidando una dinámica en la que la presencia de tropas extranjeras en territorio argentino ya no necesite debate público ni control político. En un país con una historia marcada por disputas sobre soberanía, permitir que esto ocurra sin discusión democrática sería un error estratégico de gran magnitud.

El punto central no es el operativo en sí, que ya concluyó con la retirada de las fuerzas estadounidenses. El problema es el precedente. El decreto fue utilizado para habilitar algo que la Constitución reserva de manera explícita al Congreso: el ingreso de tropas extranjeras. El uso de un DNU para sortear esta atribución abre una puerta que, si no es cerrada de inmediato por los mecanismos institucionales existentes, puede normalizar una práctica que ninguna democracia debería aceptar sin debate. Más aún cuando se trata de fuerzas de élite de un país cuya presencia militar en el mundo siempre responde a intereses estratégicos propios.

La oposición y las provincias tienen herramientas para actuar ahora, antes de que estos ejercicios se transformen en rutina administrativa. El Congreso puede rechazar el decreto, exigir informes completos sobre el alcance del operativo, demandar explicaciones al Ministerio de Defensa y restituir el camino constitucional que establece que cualquier presencia militar extranjera debe contar con aprobación parlamentaria. Las provincias afectadas pueden requerir información oficial, cuestionar el uso de infraestructura local sin autorización legislativa y recurrir a la justicia si consideran que se vulneraron competencias propias. En una federación, los gobiernos provinciales no son espectadores: tienen voz, legitimidad y responsabilidad.

También existe un camino ciudadano que nunca puede minimizarse. La visibilización pública es una de las formas más efectivas de frenar decisiones que podrían consolidarse por simple inercia burocrática. La historia argentina muestra que cuando temas de soberanía se vuelven parte del debate público, los gobiernos retroceden, ajustan o se ven obligados a transparentar lo que antes hubieran hecho sin explicaciones. Esto ya ocurrió con cuestiones de defensa, con acuerdos internacionales y con proyectos que involucraban recursos estratégicos. La presión democrática funciona.

Es importante aclarar que plantear límites a la presencia de tropas extranjeras no implica rechazar la cooperación internacional. Argentina puede, y de hecho debe, cooperar con otros países en materia marítima, científica, humanitaria y de seguridad. Lo que debe evitar es un modelo en el que la cooperación implique ceder espacios de autonomía a fuerzas militares que no responden a los intereses nacionales. Cooperación sí, pero bajo reglas claras, con Parlamento informado y con definiciones políticas que representen al conjunto de la ciudadanía.

El país atraviesa un momento en el que decisiones de alto impacto se están tomando por vía administrativa, a veces con velocidad y sin debate. Frente a esto, el federalismo y el sistema republicano no son obstáculos: son herramientas. El Congreso puede intervenir. Las provincias pueden intervenir. La sociedad puede intervenir. Y hacerlo no solo es legítimo, sino necesario para que la política de defensa no quede capturada por decisiones unilaterales que, en el futuro, puedan comprometer la soberanía argentina.

El Operativo Tridente terminó, pero el debate recién empieza. Si no se actúa ahora, la excepcionalidad puede convertirse en hábito. Y cuando esto ocurre en temas militares, recuperar el control democrático siempre cuesta más. Visibilizar, discutir, exigir explicaciones y utilizar las herramientas legales disponibles es la única manera de garantizar que Argentina mantenga un rumbo en el que la soberanía no se delega, no se improvisa y no se negocia sin la participación de todos los poderes del Estado.