Cómo los argentinos terminamos pagando las deudas de las grandes empresas: la estatización de 1981

 

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En 1981, durante la última dictadura militar, el Banco Central argentino presidido por Domingo Cavallo tomó una decisión que cambió para siempre la economía del país: estatizó las deudas privadas en dólares de los principales grupos económicos. Así, empresas como Techint, Pérez Companc, Bridas, Loma Negra o Socma trasladaron al Estado sus compromisos con el exterior. Cuatro décadas después, los argentinos seguimos pagando aquel rescate silencioso que benefició a unos pocos y endeudó a todos.

Introducción

A comienzos de la década de 1980, la Argentina atravesaba una de las crisis más profundas de su historia moderna. La dictadura militar, que había prometido “orden y eficiencia económica”, dejó un país devastado, con una estructura productiva desmantelada, salarios pulverizados y una deuda externa que se multiplicaba sin control.

En ese contexto, el Banco Central, bajo la presidencia de Domingo Cavallo, tomó una decisión que marcaría a fuego las finanzas nacionales: convertir en deuda pública las deudas privadas en dólares de las principales empresas del país. Fue un acto de ingeniería financiera que trasladó al conjunto de la sociedad las pérdidas de los grandes grupos económicos, mientras estos quedaban liberados de sus compromisos.

Lo que comenzó como un “seguro de cambio” terminó siendo una gigantesca operación de socialización de pérdidas. Y entre quienes participaron de ese diseño técnico, figuraba un joven economista que décadas después se haría muy conocido: Carlos Melconian.

El contexto económico y político (1976–1981)

Desde el golpe de Estado de 1976, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz impulsó un programa de apertura financiera y comercial inspirado en las ideas neoliberales que por entonces se expandían en el mundo. El Estado se retiró de la planificación, los controles sobre el ingreso y egreso de divisas se levantaron, y se permitió a bancos y empresas endeudarse libremente en el exterior.

El resultado inmediato fue una avalancha de créditos en dólares tomados por firmas argentinas que buscaban financiar importaciones o proyectos, pero también por muchas que simplemente especulaban con la diferencia de tasas: se endeudaban afuera al 6% y colocaban ese dinero en el país a tasas en pesos del 30 o 40%.

Era la época de la llamada “bicicleta financiera”, donde el dinero se multiplicaba sin producir nada. Mientras tanto, la deuda externa argentina pasó de 7.800 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1981.

Pero el esquema tenía pies de barro. En 1981, la Reserva Federal de los Estados Unidos elevó las tasas de interés, el dólar se fortaleció y las empresas argentinas, que debían en esa moneda, comenzaron a colapsar. La economía local, completamente expuesta, estalló.

El Banco Central y la Resolución 1050

El sistema financiero argentino estaba en llamas. En 1980 había estallado el “crack” de los bancos privados —Comercial del Norte, Los Andes, Oddone, BIR— que habían jugado con el crédito externo y la especulación interna. Para contener la crisis, el Banco Central emitió la famosa Resolución 1050, que indexaba los créditos hipotecarios y empresariales al tipo de cambio.

Esto provocó que miles de deudores, tanto familias como pequeñas industrias, vieran sus cuotas multiplicarse por diez o por veinte. Muchos perdieron sus casas y fábricas. Pero mientras los pequeños quebraban, los grandes grupos presionaban para ser rescatados.

Domingo Cavallo entra en escena

En julio de 1981, Domingo Felipe Cavallo, un joven economista formado en Córdoba y en Estados Unidos, fue designado presidente del Banco Central por el ministro de Economía Lorenzo Sigaut. En medio de la tormenta, Cavallo diseñó una medida que presentaba como “técnica y temporal”, pero que tendría consecuencias históricas: el Seguro de Cambio.

El mecanismo funcionaba así: las empresas privadas que habían tomado deuda externa podían entregarle sus compromisos al Banco Central, que se comprometía a pagar esos dólares a los acreedores internacionales. A cambio, las empresas se comprometían a devolverle al Estado el equivalente en pesos al tipo de cambio oficial.

Como el peso se devaluaba constantemente, el Estado absorbía las pérdidas. En la práctica, las deudas en dólares de las empresas pasaban a ser deuda pública.

Los grandes beneficiados

El listado de empresas favorecidas es largo y revela la magnitud del privilegio. Entre las más destacadas estuvieron:

* Techint, del grupo Rocca, uno de los principales conglomerados industriales del país.

* Pérez Companc, con intereses en energía, finanzas y alimentos.

* Bridas, del grupo Bulgheroni, con fuertes vínculos en el sector petrolero.

* Loma Negra, del grupo Fortabat.

* Acindar, donde José Alfredo Martínez de Hoz había sido director antes de ser ministro.

* Aluar, la principal productora de aluminio del país.

* Socma, el holding de la familia Macri.

*Celulosa Argentina, Bagley, Astra, Molinos Río de la Plata, Bunge & Born, Alpargatas, Massuh, *Techint, Cargill, Acindar, SADE, SOMISA, entre muchas otras.

Algunas fuentes estiman que unas 70 grandes empresas fueron beneficiadas directamente por la estatización, aunque el impacto se extendió a cientos de compañías medianas y bancos privados.

El monto total trasladado al Estado oscila, según las fuentes, entre 17.000 y 23.000 millones de dólares, equivalentes a casi toda la deuda externa argentina de entonces.

La participación de Carlos Melconian

Entre los técnicos del Banco Central que trabajaron bajo la conducción de Cavallo se encontraba Carlos Melconian, un joven economista egresado de la Universidad de Buenos Aires que integraba el equipo encargado de las operaciones cambiarias.

Melconian participó en la implementación práctica del “seguro de cambio”, un sistema que él mismo reconocería años después como “el intento de ordenar el caos financiero”. Sin embargo, lo que ese orden significó fue que las pérdidas privadas se transfirieran a toda la sociedad.

Décadas más tarde, Melconian se convertiría en una de las voces más mediáticas de la economía argentina, asesor de gobiernos y analista televisivo. Pero raramente menciona su paso por el Banco Central en aquellos años decisivos.

Las consecuencias para la economía nacional

La estatización de la deuda privada de 1981 tuvo consecuencias inmediatas y duraderas. En apenas un año, la deuda externa del Estado argentino se disparó, pasando de unos 17.000 millones de dólares a más de 45.000. Lo que antes era un problema de un grupo de empresas pasó a ser un problema de todos los argentinos.

El Estado, ya debilitado por la recesión y la pérdida de reservas, debió destinar recursos crecientes al pago de intereses. Para cumplir con los acreedores, se redujeron gastos sociales, se contrajo la inversión pública y se negociaron sucesivos programas de ajuste con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión de Cavallo consolidó una tendencia que se mantendría en las décadas siguientes: cada vez que el sector privado sufría pérdidas por sus apuestas financieras, el Estado salía a rescatarlo. Mientras tanto, los costos recaían sobre la población.

En el plano social, los efectos fueron devastadores. Miles de industrias cerraron, la desocupación creció y la concentración económica se profundizó. Las empresas que habían sido beneficiadas quedaron con sus balances saneados, listas para expandirse o venderse a capitales extranjeros en los años siguientes.

La continuidad del modelo en los años 90

La historia dio un giro paradójico. Una década después, aquel mismo Domingo Cavallo reapareció como ministro de Economía, primero de Carlos Menem y luego de Fernando de la Rúa. Desde ese cargo impulsó la convertibilidad, una política que ató el peso al dólar y volvió a favorecer a los sectores financieros y a los grandes grupos empresariales.

El patrón fue el mismo: endeudamiento, ingreso de capitales especulativos, desindustrialización y pérdida de soberanía económica. La convertibilidad terminó, como en 1981, en una explosión de deuda, fuga de divisas y crisis.

La continuidad de Cavallo en el poder económico, pese a su papel en la estatización de 1981, muestra la falta de rendición de cuentas que ha caracterizado a la política argentina en materia financiera. Muchos de los beneficiados de aquella operación fueron también los grandes ganadores de las privatizaciones y de la apertura de los años noventa.

Lo que significa hoy

A más de cuatro décadas de aquella decisión, los argentinos seguimos pagando sus consecuencias. Cada renegociación de la deuda externa, cada plan de ajuste y cada restricción fiscal tienen una raíz profunda en ese momento histórico en que el Estado asumió compromisos que no le correspondían.

La estatización de la deuda privada fue mucho más que un error técnico: fue una transferencia masiva de recursos desde la sociedad hacia los grupos económicos más poderosos del país. Dejó una estructura económica dependiente, concentrada y financieramente frágil.

También dejó una enseñanza política. La dictadura militar no solo impuso el terror y la represión: reconfiguró el modelo económico argentino, desplazando el peso del Estado desde el desarrollo nacional hacia la protección de los intereses privados y del capital extranjero.

Muchos de los apellidos que aparecían en los documentos del Banco Central en 1981 siguen ocupando lugares de poder económico o mediático. Y los técnicos que diseñaron aquellas políticas continúan opinando sobre cómo “ordenar la economía”.

Conclusión

La estatización de la deuda privada de 1981 fue un acto de despojo silencioso. No hubo tanques ni represión visible: el saqueo se realizó desde los escritorios, con decretos y resoluciones que firmaron funcionarios no elegidos por el pueblo.

Mientras miles de argentinos perdían sus hogares o sus fábricas, los grandes conglomerados empresariales se deshacían de sus deudas y quedaban listos para reiniciar el ciclo de acumulación. La deuda, transformada en pública, se convirtió en una cadena que todavía arrastra a generaciones enteras.

Comprender ese episodio no es un ejercicio de historia económica: es una forma de entender el presente. Porque cada vez que se habla de déficit, de deuda o de ajuste, conviene recordar que una parte sustancial de los problemas actuales nació cuando un puñado de economistas decidió que el pueblo debía pagar lo que otros habían perdido apostando a la especulación.

Esa decisión, tomada en 1981, selló el destino financiero de la Argentina moderna y marcó el punto de partida de una relación desigual entre el poder económico y el Estado. Y solo conociendo esa historia se puede imaginar una salida diferente, donde la deuda vuelva a ser un instrumento de desarrollo y no una carga heredada de los privilegios del pasado.

Fuentes

1. Basualdo, Eduardo (2006). "Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina (1976–2001)." Siglo XXI Editores.

2. Schvarzer, Jorge (1983). "La política económica de Martínez de Hoz" CEAL.

3. Martínez de Hoz, José Alfredo (1981). Documentos del Ministerio de Economía, 1976–1981.

4. Banco Central de la República Argentina (BCRA). "Memoria y Balance 1981"

5. Informe de la Comisión Nacional de Valores (1984). "Endeudamiento Externo Privado 1976–1982"

6. Ferrer, Aldo (2004). "La economía argentina". Fondo de Cultura Económica.

7. Clarín (1984). “El Banco Central asumió la deuda privada: la herencia que dejó la dictadura”.

 8. Página/12 (2001): “Las empresas que transfirieron sus deudas al Estado durante la dictadura”.

 9. La Nación (1998): “El origen de la deuda externa: Cavallo y el seguro de cambio de 1981”.