Delaware, el paraíso fiscal dentro de Estados Unidos que usan corporaciones, millonarios y criminales

 

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En el mapa político y económico de Estados Unidos hay un pequeño territorio que sostiene una influencia desproporcionada sobre el sistema financiero global. Es un estado de apenas un millón de habitantes, sin grandes ciudades, sin un perfil tecnológico comparable a California ni un peso industrial semejante al de Texas o Michigan. Sin embargo, Delaware es la capital del anonimato corporativo del mundo occidental y uno de los lugares donde más dinero se oculta, se mueve y se blanquea. No es casualidad que allí estén registradas entidades vinculadas tanto a los gigantes del capitalismo contemporáneo como a operaciones de corrupción transnacional, redes criminales y magnates que desean proteger su patrimonio de impuestos, juicios o regulaciones.

Delaware no es una ciudad, sino un estado. Y esta aclaración es importante porque el mito popular suele hablar de “la ciudad donde lavan dinero los ricos”. En realidad, se trata de una estructura legal diseñada y perfeccionada durante décadas para atraer empresas. Lo lograron con una combinación de tres factores: impuestos extremadamente bajos, un sistema judicial especializado que defiende los intereses corporativos y, sobre todo, la posibilidad de crear una empresa sin revelar públicamente a los dueños reales. Esa singular mezcla explica por qué hay más compañías registradas en Delaware que habitantes. Y también explica por qué aparecen sociedades de Delaware en investigaciones sobre evasión, corrupción internacional, narcotráfico y lavado de dinero.

Para entender el fenómeno, conviene empezar por las corporaciones legales que eligen el estado como su domicilio formal. Los gigantes del mundo digital, como Google (Alphabet Inc.), Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Apple Inc., están incorporados en Delaware. También están allí Microsoft Corporation, Tesla Inc., JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Ford Motor Company, Coca-Cola y Walmart Inc. El 70 por ciento de las empresas que cotizan en Wall Street se registran en Delaware, así como más del 60 por ciento de las compañías de la lista Fortune 500. A primera vista, esto podría interpretarse simplemente como un incentivo fiscal: muchos estados de Estados Unidos compiten por atraer empresas ofreciendo beneficios impositivos. Pero Delaware va mucho más allá.

La piedra angular es el Court of Chancery, el tribunal corporativo del estado, famoso por sus decisiones rápidas, su manejo técnico y su tradición de favorecer la previsibilidad para las empresas. Allí no hay jurados, solo jueces especializados en derecho societario. Cuando una gran corporación enfrenta una disputa entre directores, accionistas o filiales, prefiere litigar en un ámbito que conoce las lógicas empresariales y evita los riesgos de un proceso impredecible. Por eso Delaware se ha convertido en la jurisdicción favorita no solo de empresas estadounidenses, sino también de compañías extranjeras que buscan un entorno legal estable dentro de Estados Unidos.

El segundo elemento es la flexibilidad para crear LLCs, es decir, sociedades de responsabilidad limitada. En Delaware, una LLC puede constituirse en minutos y cuesta menos de cien dólares. No hay necesidad de presentar un balance público, ni de informar la actividad real de la empresa, ni de revelar quiénes son los propietarios finales. En lugar de dueños identificados, la ley permite la figura de los “registered agents”, intermediarios autorizados a recibir notificaciones. En la práctica, esto significa que cualquiera puede crear una empresa sin dejar casi rastro.

Esa opacidad ha sido aprovechada por personas completamente legales, pero también por individuos y redes que buscan ocultar fondos o actividades. El ejemplo más visible es el de Donald Trump, cuyo imperio inmobiliario está sostenido por una constelación de compañías registradas en Delaware. Lo mismo sucede con Jeff Bezos, que tiene entidades societarias vinculadas a sus inversiones personales y a su patrimonio. Elon Musk es otro caso: Tesla Inc. está formalmente registrada en Delaware, y el multimillonario ha utilizado estructuras societarias del estado para organizar adquisiciones, fideicomisos y operaciones financieras. Warren Buffett opera su gigantesco conglomerado Berkshire Hathaway desde Delaware a través de decenas de filiales que le permiten administrar negocios tan diversos como energía, seguros, transporte ferroviario y alimentos. Lo mismo sucede con Bill Gates y la Fundación Bill & Melinda Gates, que utilizan entidades incorporadas en Delaware para administrar inversiones, donaciones y activos estratégicos.

Pero el punto más inquietante aparece cuando se examina quiénes más usan el estado como guarida corporativa. En las últimas dos décadas, diversos informes del Departamento del Tesoro, la Oficina de Investigaciones Federales (FBI), la DEA y organizaciones periodísticas independientes han revelado que sociedades registradas en Delaware aparecían en tramas de lavado de dinero, sobornos y corrupción internacional. No porque Delaware sea responsable de esos crímenes, sino porque su sistema facilita que los actores criminales operen con escasos controles.

En el llamado Russian Laundromat, una gigantesca operación de lavado que movió más de veinte mil millones de dólares desde bancos rusos hacia bancos occidentales, varias LLCs de Delaware funcionaron como vehículos para recibir y transferir fondos. Aunque los dueños reales de esas empresas nunca aparecieron en los documentos públicos, las investigaciones judiciales lograron rastrear algunas conexiones con oligarcas y funcionarios rusos. Las sociedades anónimas de Delaware eran un paso clave para ingresar dinero a Estados Unidos sin levantar sospechas.

Lo mismo ocurrió en América Latina. En el caso Odebrecht, la constructora brasileña que protagonizó el mayor escándalo de corrupción del continente, aparecieron sociedades de Delaware vinculadas a pagos de sobornos y triangulación financiera. En investigaciones relacionadas con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, empresas registradas en Delaware fueron utilizadas para mover dinero hacia cuentas en Europa y el Caribe. Estas operaciones no fueron diseñadas necesariamente por ciudadanos estadounidenses; Delaware simplemente ofrecía la infraestructura legal perfecta para ocultar el origen de los fondos.

La DEA también ha documentado empresas de Delaware utilizadas por intermediarios del narcotráfico mexicano y colombiano. No se trata de los grandes capos, sino de operadores financieros que necesitaban empresas pantalla para comprar maquinaria, camiones, cargamentos y propiedades en Estados Unidos utilizando dinero proveniente del narcotráfico. En varios casos, las sociedades servían para justificar la compra de bienes que después eran enviados a México o Colombia como parte de operaciones logísticas de los carteles.

Los ciberdelincuentes también encontraron en Delaware un punto débil del sistema financiero estadounidense. Grupos dedicados a estafas online, ransomware y fraude con criptomonedas crearon LLCs en el estado para abrir cuentas en procesadores de pago y convertir criptodivisas en dinero fiduciario. Como las autoridades estatales no verificaban la identidad real de los propietarios, estos grupos podían operar durante meses o años sin ser detectados.

Incluso el espionaje extranjero utilizó sociedades de Delaware para obtener tecnología sensible. Informes del FBI revelaron casos de empresas ficticias financiadas por actores vinculados a China y Rusia, que compraban software, drones y equipos electrónicos protegidos por regulaciones de exportación. Una vez adquiridos, los enviaban al exterior mediante terceros países. Aunque el producto final violaba restricciones de seguridad nacional, la etapa inicial del proceso —la compra realizada por una empresa estadounidense registrada en Delaware— parecía completamente legal.

El gobierno federal ha intentado mejorar la transparencia. En 2021 se aprobó el Corporate Transparency Act, que exige que las empresas revelen su “beneficial owner”, es decir, el dueño real. Sin embargo, esta información no es pública y solo se entrega al Departamento del Tesoro, por lo que la opacidad hacia la sociedad civil y hacia la prensa permanece casi intacta. Además, las sanciones por incumplimiento son escasas y todavía no existe un sistema robusto para verificar el origen de la información suministrada por los propietarios de las empresas.

La pregunta final es por qué Estados Unidos permite que un estado pequeño se convierta en un bastión de opacidad financiera. La respuesta es pragmática: Delaware obtiene una gran parte de su presupuesto de las tasas que cobran por registrar compañías, y Estados Unidos se beneficia de atraer capital global hacia su sistema financiero. Mientras bancos, estudios jurídicos y corporaciones obtengan ventajas, es difícil que exista voluntad política suficiente para cambiar un sistema que favorece tanto a los ricos como a quienes operan en la sombra.

Delaware, en definitiva, es el espejo de una paradoja. Estados Unidos se presenta al mundo como defensor de la transparencia financiera, pero conserva dentro de su territorio una de las jurisdicciones más herméticas del planeta. Los gigantes como Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Tesla Inc. y JPMorgan conviven con LLCs utilizadas por lavadores rusos, corruptos latinoamericanos y operadores del narcotráfico. La frontera entre lo legal y lo ilícito se diluye detrás de un muro jurídico que protege a los dueños de las empresas, reales o ficticias. Mientras ese sistema permanezca intacto, Delaware seguirá siendo el refugio preferido para quienes desean moverse en silencio dentro del corazón financiero de Estados Unidos.

 

Fuentes

• El País
• BBC Mundo
• El Diario.es
• Infobae
• La Nación
• France24 en español
• DW Español
• El Faro
• El Nuevo Herald