¿Estamos ante un nuevo capítulo del choque entre unipolaridad y multipolaridad en América Latina?

 

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Las tensiones recientes entre Perú y México no pueden comprenderse únicamente como un desacuerdo diplomático entre dos gobiernos coyunturales ni como un episodio aislado dentro de la política interna peruana. Lo que estamos viendo es la superposición de dos niveles: uno doméstico, cargado de disputas históricas entre élites locales, instituciones con legitimidad erosionada y una sociedad polarizada; y otro global, en el que América Latina se ha convertido una vez más en un terreno de disputa entre un orden unipolar en crisis y un proyecto multipolar en ascenso. La crisis peruana, lejos de ser un hecho puramente nacional, se volvió un punto sensible dentro de esta competencia global. La reacción de México, las respuestas de Estados Unidos, las posiciones divergentes en Sudamérica y la presencia creciente de China en territorio peruano son piezas de un tablero más grande que explica por qué un conflicto político limeño trascendió de inmediato hacia la agenda internacional.

La presidencia de Pedro Castillo nació de un proceso electoral democrático, observada sin cuestionamientos técnicos y con un resultado ajustado, pero legítimo. Ese origen, sin embargo, convivió desde el primer día con un sistema político profundamente fragmentado y con un Congreso que no solo tenía cifras históricas de desaprobación, sino que además acumulaba intereses contrapuestos que iban desde facciones empresariales tradicionales hasta grupos que vieron su oportunidad de disputar poder en un escenario de debilidad institucional. Castillo fue, para esas élites, un presidente incómodo: un maestro rural sin vínculos sólidos con el establishment limeño, portador de una agenda disruptiva aunque confusa, sin equipo técnico y sin redes que permitieran articular un proyecto coherente. Para amplios sectores populares, en cambio, su figura representaba la posibilidad simbólica de romper con décadas de centralismo y exclusión. Esa dualidad explica por qué su gobierno nunca logró estabilizarse y por qué, incluso antes de la crisis final, estaba envuelto en un clima de cerco político permanente.

Cuando Castillo intentó disolver el Congreso en diciembre de 2022, su movimiento fue interpretado de manera diametralmente opuesta según el observador. Para unos, se trató de un intento torpe de autogolpe; para otros, fue la reacción desesperada ante un Congreso decidido a destituirlo, con o sin justificación jurídica. La caída del presidente y el ascenso inmediato de Dina Boluarte abrieron un debate que va más allá de la literalidad constitucional. La transición fue formalmente legal, pero políticamente débil; legal, pero socialmente rechazada por sectores que veían allí la cristalización de un acuerdo no declarado entre viejas élites políticas y empresariales para frenar un proyecto inesperado surgido de la periferia nacional. El nuevo gobierno, desde su inicio, enfrentó protestas masivas, represión con costos humanos graves y una legitimidad que nunca terminó de solidificarse.

Ese escenario interno explica, pero no agota, la reacción mexicana. Desde Ciudad de México, la lectura de la situación no fue jurídica sino política. Para el gobierno de López Obrador, la destitución de Castillo no fue un acto de defensa institucional, sino un episodio más dentro de la larga historia latinoamericana donde presidentes populares caen ante la presión combinada de parlamentos desprestigiados, poderes fácticos y estructuras estatales moldeadas para impedir que un outsider gobierne. México no se limitó a emitir declaraciones: ofreció protección a la familia de Castillo, denunció públicamente lo que consideró un proceso injusto y mantuvo un discurso que cuestionaba la legitimidad política del gobierno de Boluarte. Perú respondió con dureza, acusó a México de injerencia, retiró a su embajador y elevó el tono bilateral. Lo que parecía un desacuerdo diplomático rápidamente se transformó en un símbolo de dos visiones del orden internacional.

Este choque discursivo se inscribe en un marco más amplio. América Latina fue durante décadas, primero, un espacio de competencia directa entre Washington y Moscú; luego, en los años noventa y primeros dos mil, una región bajo hegemonía casi absoluta del poder estadounidense. En la última década, sin embargo, ese esquema se fisuró. La expansión económica, tecnológica y diplomática de China, sumada al resurgimiento ruso en ámbitos estratégicos, introdujo una dinámica multipolar que está reconfigurando la región. Países como México, Brasil, Bolivia y otros sectores del continente comenzaron a reforzar una política exterior no confrontativa, pero sí más autónoma, que busca equilibrar alianzas tradicionales con nuevos vínculos. En este contexto, la crisis peruana no es vista como un hecho aislado: se interpreta como un punto donde el orden unipolar, respaldado por Estados Unidos, defiende la continuidad institucional en clave conservadora, mientras que actores con sensibilidad hacia la multipolaridad observan con suspicacia aquello que se asemeja a un bloqueo político contra un proyecto surgido desde abajo.

Estados Unidos, por su parte, observa a Perú desde un ángulo estratégico que supera la coyuntura presidencial. Perú es un país clave por su minería, su posición en el Pacífico, su rol en la seguridad regional andina y su vínculo histórico con Washington. Pero hay un elemento que en los últimos años se volvió central: el puerto de Chancay. Este megaproyecto, desarrollado por capital chino, representa una puerta logística de altísimo valor para la proyección económica y marítima de China hacia Sudamérica y, desde allí, hacia las rutas del Pacífico. Chancay se perfila como un nodo que puede reducir tiempos de transporte, aumentar la dependencia comercial y, sobre todo, consolidar la presencia física de China en un punto estratégico de la costa occidental del continente. Para Washington, el avance de la infraestructura china en América Latina no es una cuestión comercial sino un factor geopolítico que tiene implicancias de largo plazo. Es esperable que Estados Unidos busque relacionarse con gobiernos peruanos que garanticen previsibilidad, cooperación en seguridad y, sobre todo, regulación favorable frente al avance de actores extrarregionales. En ese marco, un gobierno inestable, imprevisible o con inclinaciones más cercanas al discurso multipolar podría introducir una incertidumbre que Washington quiere evitar. La preocupación estadounidense por Chancay es real y creciente, y la correlación entre esta preocupación y el interés por la estabilidad institucional peruana es un elemento que no debe pasar inadvertido.

México, en cambio, leyó el caso Castillo desde una lógica distinta. No se trató para el gobierno mexicano de un cálculo geoeconómico, sino de una defensa del principio de no intervención combinado con una sensibilidad política que identifica patrones comunes en la caída de presidentes con bases populares y orígenes sociales ajenos a las élites tradicionales. Este posicionamiento no es aislado: forma parte de una visión más amplia en la que México, sin romper con Estados Unidos, intenta construir un margen de autonomía en política exterior, acercándose a ciertos debates del Sur Global y respaldando narrativas críticas del orden unipolar. Al apoyar a Castillo, México no estaba simplemente defendiendo a un presidente específico, sino reafirmando un modo de leer la región. Esa lectura, sin embargo, chocó con las urgencias de un gobierno peruano que buscaba legitimidad interna e internacional frente a la crisis social que enfrentaba.

La consecuencia inmediata fue un enfriamiento del vínculo bilateral, pero la consecuencia profunda fue la cristalización de estas dos miradas opuestas sobre la crisis. Para quienes defienden la institucionalidad tal como quedó tras la destitución de Castillo, lo ocurrido fue un mecanismo legal que impidió un quiebre constitucional. Para quienes analizan la región desde una perspectiva histórica y estructural, lo que se vio fue la acción combinada de instituciones débiles, poderes fácticos y presiones externas que terminaron desplazando a un gobierno elegido democráticamente pero políticamente heterodoxo.

Más allá de las posiciones, la crisis peruana demuestra que América Latina ya no puede analizarse sin considerar el impacto simultáneo de procesos internos y fuerzas globales. Las disputas entre Estados de la región, como la que enfrentó a México y Perú, funcionan como espejos de la tensión entre un mundo que aún se sostiene sobre la arquitectura construida después de 1991 y otro que avanza desde Asia, Eurasia y nuevas coaliciones multinacionales. La unipolaridad continúa siendo fuerte en lo económico, militar y financiero, pero su capacidad para definir narrativas y ordenar comportamientos políticos disminuye. La multipolaridad, por su parte, avanza con ritmos irregulares, impulsada por China y reforzada por el deseo de autonomía de actores latinoamericanos que no quieren quedar atrapados en una única esfera de influencia.

La crisis peruana fue un punto donde ambas fuerzas chocaron. Fue, también, un recordatorio de que la estabilidad democrática en América Latina no depende solo de procesos electorales, sino de estructuras políticas capaces de absorber el conflicto sin recurrir de inmediato a mecanismos destituyentes. Para algunos observadores, lo ocurrido con Castillo es un ejemplo de cómo las democracias latinoamericanas pueden ser vulnerables cuando un presidente no cuenta con los respaldos necesarios dentro de las élites. Para otros, es la prueba de que el sistema institucional peruano mantuvo su resiliencia. Lo que es seguro es que este episodio no será el último en revelar las tensiones entre proyectos nacionales, presiones internacionales y disputas globales por la hegemonía.

En este sentido, las fricciones entre México y Perú fueron apenas el síntoma de algo más profundo: una región que vuelve a convertirse en un espacio donde se cruzan intereses, interpretaciones y estrategias de poder global. La crisis peruana seguirá siendo analizada no solo como un problema nacional, sino como un punto de inflexión dentro del tránsito del mundo hacia un orden más fragmentado, disputado y plural. Y en ese tránsito, actores como Estados Unidos y China, con proyectos opuestos sobre el futuro del sistema internacional, seguirán utilizando cada crisis, cada alineamiento y cada decisión política latinoamericana para reforzar sus posiciones. Lo que para una capital latinoamericana es una disputa interna, para las potencias es una pieza en movimiento dentro de un tablero que hace tiempo dejó de ser estable.

Fuentes

• BBC Mundo – Cobertura sobre la crisis política en Perú y la destitución de Pedro Castillo

• El País América – Informes sobre la posición de México y la reacción diplomática peruana

• France24 en Español – Análisis del conflicto entre poderes en Perú y contexto regional

• DW Español – Notas sobre el puerto de Chancay y la presencia china en Sudamérica

• La República (Perú) – Contexto interno sobre el Congreso, Boluarte y el impacto social

• Aristegui Noticias (México) – Declaraciones del gobierno mexicano respecto al caso Castillo

• CEPAL – Informes sobre la influencia china en la infraestructura latinoamericana